COMITÉ
INTERNACIONAL SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES ARBITRARIAS Y DELITOS
DE GENOCIDIO Y DE LESA HUMANIDAD
"INFORME
No G-LH-000131 (REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA) que se presenta a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Oficina del Fiscal
de la Corte penal Internacional, en esta última instancia en Calidad de
Testigos, tal y como se encuentra previsto en la Resolución a/res/58/380 de 18
de Septiembre de 2003.
Quien suscribe,
Humanista Israel Álvarez de Armas, Presidente del COMITÉ INTERNACIONAL SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES
ARBITRARIAS Y DELITOS DE GENOCIDIO Y DE LESA HUMANIDAD,
órgano de apoyo a las tareas de las Naciones Unidas en materia de Derechos
Humanos universalmente reconocidos, conforme a lo establecido en las
Resoluciones a/res/53/144 de fecha 8 de marzo de 1999 y a/res/58/380
(Ampliación del Mandato) de fecha 18 de septiembre de 2003, emanadas ambas de
la Asamblea General de la ONU
En
relación con: OBSERVACIÓN QUE HA VENIDO REALIZANDO ESTE COMITÉ
INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
El COMITÉ INTERNACIONAL SOBRE DESAPARICIONES FORZADAS, DETENCIONES
ARBITRARIAS Y DELITOS DE GENOCIDIO Y DE LESA HUMANIDAD fue
creado para actuar en desarrollo de la Resolución 53/144 de fecha 8 de Marzo de
1999. En procuración de la precitada Resolución y con el objeto de que no
hubiere confusiones en cuanto a la actuación de este Comité Internacional, de cualquier
persona o grupo, las Naciones Unidas aprobaron la resolución 58/380 de fecha 18
de Septiembre de 2003. Actuando de conformidad con sus métodos de trabajo, el
Comité Internacional apoya e informa al Grupo de Trabajo sobre Detenciones
Arbitrarias, al Consejo de Seguridad y a los Relatores de las Naciones Unidas,
como también a la Corte Penal Internacional;
OBSERVACIÓN:
La presente
observación se hace al tenor de lo establecido en el artículo 9 de la
Resolución a/res/53/144 de fecha 08 de marzo de 1999, emanada de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. La misma fue realizada in situentre
los días 22 de Julio al 1º de Septiembre 2015 en la Ciudad de San Antonio en el
EstadoTáchira, (Frontera Conurbante) con la Ciudad de Cúcuta en la República de
Colombia, hasta la presente fecha en que se da por concluida la observación.
1.- Hemos
observado que el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un Decreto mediante el cual
declara el Estado de Excepción en varios Municipios del precitado Estado
Táchira, el cual es del tenor siguiente:
Contenido deL decreto
Publicado en la Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.194 Extraordinario de fecha 21 de
agosto de 2015:
“DECRETO
N° 1.950, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS
BOLÍVAR, PEDRO MARÍA UREÑA, JUNÍN, CAPACHO NUEVO, CAPACHO VIEJO Y RAFAEL
URDANETA DEL ESTADO TÁCHIRA
NICOLÁS
MADURO MOROS
Presidente
de la República
En cumplimiento del
mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos,
sustentada en el ideario de El Libertador Simón Bolívar y los valores de paz,
igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar
del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado
Social Democrático de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones
que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo
dispuesto en los artículo 337, 338 y 339 ejusdem, concatenados con los
artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción, en Consejo de Ministros,
CONSIDERANDO
Que en los municipios Bolívar,
Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del
estado Táchira se ha venido presentando de modo sistemático, inédito,
sobrevenido y progresivo, una amenaza compleja al pleno goce y ejercicio de los
derechos de los habitantes de la República, mediante la presencia de
circunstancias delictivas y violentas vinculadas a fenómenos como el
paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando de extracción, organizado a
diversas escalas, entre otras conductas delictivas análogas, lo que evidencia
una intención deliberada de generar alteraciones del orden público, que rompen
el equilibrio del derecho internacional, la convivencia publica cotidiana y la
paz, afectando el acceso a bienes y servicios destinados al pueblo venezolano,
CONSIDERANDO
Que las situaciones concretas
de violencia delictivas provenientes de este fenómeno coyuntural, han provocado
en los últimos días en zonas adyacentes a los puestos fronterizos, la violencia
contra ciudadanos y funcionarios venezolanos en ejercicio de sus funciones
públicas, llegando al límite de que el día 19 de agosto del 2015 fueron
atacados miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes cumplían
funciones de protección y seguridad al pueblo y resultaron gravemente heridos,
CONSIDERANDO
Que a estas prácticas
delictivas se han sumado los atentados cometidos contra la moneda venezolana y
contra los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo, así como el tráfico
ilícito de mercancías producidas o importadas por Venezuela, afectando
gravemente la vida económica de la Nación,
CONSIDERANDO
Que es deber irrenunciable e
ineludible del Estado Venezolano defender y asegurar la vida digna de sus
ciudadanos y ciudadanas, protegerles frente a las amenazas, haciendo efectivo el
orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el
acceso oportuno de la población a bienes y servicios básicos y de primera
necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de
tranquilidad y estabilidad,
CONSIDERANDO
Que el orden constitucional
venezolano ante las circunstancias objetivas que constituyan amenazas como el
fenómeno planteado, dispone de los medios jurídicos necesarios para garantizar
la máxima estabilidad de la República, para la tutela efectiva de los derechos
y garantías del pueblo venezolano, mediante la adopción de medidas de
restricción temporal de garantías autorizada constitucional y legalmente, que
refuercen la tutela de la seguridad ciudadana, la paz y estabilidad social, en
relación con el acceso al disfrute de bienes y servicios, y la protección
contra atentados socioeconómicos,
DECRETO
Artículo 1°. El Estado
de Excepción en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho
Nuevo, Capacho Viejo, y Rafael Urdaneta del estado Táchira, dadas las
circunstancias extraordinarias que afectan el orden socioeconómico y la paz
social, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción, a fin de que el Estado disponga de las medidas oportunas que
permitan atender eficazmente la situación coyuntural, sistemática y
sobrevenida, del contrabando de extracción de gran magnitud, organizado a
diversas escalas, así como la violencia delictiva que le acompaña y delitos
conexos, con el objeto de impedir la extensión o prolongación de sus efectos y
garantizar a toda la población el pleno goce y ejercicio de los derechos
afectados por estas acciones.
Artículo 2°. Como
consecuencia de la declaratoria de Estado de Excepción a que refiere este
Decreto, quedan restringidas en el territorio de los municipios Bolívar,
Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y Rafael Urdaneta, del
estado Táchira, las garantías de los derechos establecidos establecido en los
artículos 47, 48, 50, 53, 68 y 112 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela. En tal sentido:
1. La inspección y
revisión por parte de los organismos públicos competentes del lugar de
habitación, estadía o reunión de las personas naturales, domicilio de personas
jurídicas, establecimientos comerciales, o recintos privados abiertos o no al
público, siempre que se lleven a cabo actividades económicas, financieras o
comerciales de cualquier índole, formales o informales, con el fin de ejecutar
registros para determinar o investigar la perpetración de delitos o de graves
ilícitos administrativos contra las personas, su vida, integridad, libertad o
patrimonio, así como los delitos o ilicitudes relacionados con la afección de
la paz, el orden público y Seguridad de la Nación, la fe pública, el orden socioeconómico,
la identidad y orden migratorio, y delitos conexos, podrá realizarse sin
necesidad de orden judicial previa. En toda actuación o procedimiento se
respetará de forma absoluta la dignidad e integridad física, psíquica y moral
de las personas y se respetará el debido proceso. A este último efecto, será
aplicable el último aparte del artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal,
debiendo el funcionario detallar en el acta correspondiente las diligencias
realizadas y los hallazgos a fin de cumplir con la cadena de custodia
2. Con ocasión de la
restricción del tránsito de mercancías y bienes de los municipios Bolívar,
Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo, y Rafael Urdaneta del
estado Táchira, y exclusivamente a los fin de determinar la comisión de los
delitos a los que alude el numeral anterior, las autoridades competentes podrán
practicar requisas personales, de equipajes y vehículos, dentro del más
estricto respeto a la integridad física, psíquica y moral de las personas mediante
el cumplimiento de los protocolos que garantizan de forma efectiva y eficaz
dicho respeto.
3. Los Ministerios del Poder
Popular con competencias en las materias de Relaciones Interiores, Justicia y
Paz, y Defensa, mediante Resolución Conjunta, podrán establecer restricciones
al tránsito de bienes y personas en los municipios afectados por la
declaratoria efectuada en el artículo 1° de este Decreto, así como el
cumplimiento de determinados requisitos o la obligación de informar el cambio
de domicilio o residencia, la salida de la República o el ingreso a ésta, el
traslado de bienes y pertenencias en el país, su salida o entrada, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley.
4. No se permitirán reuniones
públicas que no hubieren sido previamente autorizadas por el funcionario en
quien se delega la ejecución del presente Decreto.
5. El derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sólo podrá ejercerse previa autorización del
funcionario en quien se delega la ejecución del presente Decreto, emitida a
solicitud de los manifestantes. Dicha solicitud deberá presentarse con una
anticipación de quince (15) días a la fecha fijada para su convocatoria.
6. El Ministerio del Poder
Popular para el Comercio, conjuntamente con los Ministerios con competencia en
las materias de Alimentación, Agricultura y Tierras, y Salud, podrán establecer
normas especiales para la disposición, traslado, comercialización,
distribución, almacenamiento o producción de bienes esenciales o de primera
necesidad, o regulaciones para su racionamiento así como restringir o prohibir
temporalmente el ejercicio de determinadas actividades comerciales.
Artículo 3°. El
Presidente de la República, mediante decreto, podrá dictar otras medidas de
orden social, económico o político que estime conveniente a las circunstancias,
de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de restablecer la
normalidad en el menor tiempo posible y superar la situación excepcional que
motiva el presente Decreto.
Artículo 4°. El
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas podrá establecer límites
máximos de ingresos o egresos de moneda venezolana de curso legal en efectivo.
De igual manera, dicho Ministerio podrá establecer restricciones a determinadas
operaciones y transacciones comerciales o financieras, así como restringir
dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el
país.
Artículo 5°. Se suspende
de manera temporal el porte de armas en los municipios Bolívar, Pedro María
Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado
Táchira, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el
resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas preservando la
paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas
orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los Cuerpos de Seguridad del
Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Artículo 6°. A fin de
fortalecer el programa desplegado por la Operación Liberación del Pueblo (OLP)
para el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las
autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar su mejor y más eficaz
cumplimiento en especial en los municipios fronterizos regulados por este
Decreto, sin perjuicio de las demás medidas legales que se adopten para
garantizar la soberanía y defensa nacional y con estricta sujeción a la
garantía de los derechos humanos no limitados, ni restringidos
constitucionalmente.
Artículo 7°. La
Defensoría del Pueblo comisionará a los defensores delegados de los municipios
Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael
Urdaneta del estado Táchira, así como defensores especiales y nacionales, para
atender la situación excepcional objeto de regulación en este Decreto, con el
fin de que velen por el respeto de los derechos humanos de la población y
ejerzan las acciones necesarias para su efectiva protección. A tal efecto,
podrá reforzar su actuación comisionando defensores delegados de otros estados.
Artículo 8°. El
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a
través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
(SAIME), garantizará los controles migratorios en los municipios Bolívar, Pedro
María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta del estado
Táchira, en coordinación con los organismos competentes a nivel nacional. A tal
efecto, podrá dictar regulaciones especiales que permitan la eficiencia de los
controles a implementar, en el marco de los acuerdos bilaterales que hubieren
con la República de Colombia.
Artículo 9°. Los órganos
de Seguridad Ciudadana y Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, podrán desalojar las ocupaciones ilegales cuando se
verifique que se encuentran en bienes públicos, o bienes afectos al servicio
público ubicados en los municipios fronterizos regulados por este Decreto.
Estos procedimientos cumplirán
con el debido proceso, y deberán contar con la supervisión de funcionarios del
Ministerio Público y representantes de la Defensoría del Pueblo conforme al
ejercicio de sus respectivas competencias y con estricto respeto de los
derechos humanos.
Artículo 10. Los Poderes
Públicos, los órganos de Seguridad Ciudadana y Policía Administrativa, así como
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, colaborarán entre sí y desarrollarán sus
actividades de manera coordinada, orientadas al logro de las medidas contenidas
en este Decreto. Corresponden al Ministerio Público y a los tribunales penales
de la República, realizar las actividades propias de su competencia a fin de
garantizar la aplicación estricta de la Ley para evitar la impunidad o la
injusticia, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del
presente Decreto.
Artículo 11. Se designa
al Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) del estado
Táchira, responsable de las acciones de índole estratégico militar que con
ocasión de este Decreto deban ejecutarse, bajo la coordinación del funcionario
en quien se delega la ejecución del presente Decreto.
Los órganos de Seguridad
Ciudadana y la Policía Administrativa, así como la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana destacada en los municipios objeto del presente Decreto, ejercerán
de forma unificada y coordinada las acciones para garantizar la preservación de
la paz, el control del orden público y la seguridad ciudadana en los municipios
fronterizos correspondientes, bajo el mando del Comandante de la Zona Operativa
de Defensa Integral (ZODI) del estado Táchira.
Artículo 12. Las
personas, naturales o jurídicas, que se encuentren en las áreas declaradas en
Estado de Excepción conforme a este Decreto están en el deber de cooperar con
las autoridades competentes para la protección de las personas, bienes y de las
instituciones, así como de realizar el servicio extraordinario que se les
requiera, sin perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción.
Artículo 13. Delego la
ejecución del presente Decreto en el Gobernador del estado Táchira, José
Gregorio Vielma Mora, quien será además el coordinador responsable y garante de
la ejecución de las medidas que se adoptan en el mismo, con el apoyo de los
Ministros del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
para la Defensa y de Economía y Finanzas.
Artículo 14. El presente
Decreto será remitido a la Asamblea Nacional, a los fines de su consideración y
aprobación, dentro de los 8 días siguientes a su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el
artículo 26 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
Artículo 15. El presente
Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, dentro
de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con el artículo 31 de la Ley
Orgánica sobre Estados de Excepción.
Artículo 16. Este
Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días, contados a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
prorrogables por sesenta (60) días más de acuerdo al procedimiento
constitucional.
Artículo 17. El
Gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, queda encargado de la
ejecución de este Decreto.
Artículo 18. Este
Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los
veintiún días del mes de agosto de dos mil quince. Años 205° de la
Independencia, 156° de la Federación y 16° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese
(L.S.)
NICOLÁS
MADURO MOROS
Refrendado
El Vicepresidente
Ejecutivo
de la
República y Primer Vicepresidente
del Consejo
de Ministros
JORGE
ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT
Refrendado
[Todos los
Ministros del Poder Popular]”
2.- Por mandato
del Decreto in comento y por aplicación de la Ley de Extranjeros, se ordenó la
expulsión del Territorio Nacional (República Bolivariana de Venezuela) de un
numeroso grupo de ciudadanos de nacionalidad Colombiana sin que los mismos
pudieran justificar ante las autoridades al momento de su detención un Visado
que les permitiera residir en Venezuela bajo las figuras establecidas en la
ley, tales como Visa de Turista, o de Residencia. También se observó a un
numeroso grupo de ciudadanos de nacionalidad Colombiana que de manera
voluntaria optaron por abandonar el territorio nacional atravesando el Rio Táchira con enseres
electrodomésticos, a los fines de no quedar identificados como Extranjeros
Ilegales por las autoridades venezolanas.
3.- Igualmente
se observó que la Procuraduría General de la nación de la República de
Colombia, informó a través de su Boletín Nº 885 de fecha Dos (2) de Septiembre
del año que discurre, el cual se adjunta a la presente Observación donde el
representante legal de esa Institución Dr. Alejandro Ordoñez ha solicitado:
A)
“Que no se siga torturando, que no se siga
desplazando forzadamente, que no se siga desapareciendo forzadamente, que no se
siga abusando sexualmente de niñas y de mujeres, que no se siga violentando a
nuestros connacionales”,
B) “La
solicitud de medidas cautelares fue presentada en el día de ayer por la
Procuraduría ante el sistema interamericano. Ante la Corte Penal Internacional
presentamos el informe sobre los mismos temas que planteamos ante la CIDH”.
4.- Que de
manera presencial pudo este Comité Internacional de manera clara e inequívoca
presenciar que ningún funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), o
de la Policía Nacional, o de cualquier otro organismo como el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), o del Servicio
Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), o de la Dirección General de Inteligencia
Militar (DIM), o del Servicio Administrativo de
Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), o del
Ejercito de la República Bolivariana de Venezuela, hayan actuado fuera de sus
competencias establecidas y perfectamente definidas por la Constitución y las
Leyes, con el objeto de causar Torturas (Tormentos), infligir Tratos Inhumanos
y Degradantes, Desapareciendo de manera Forzada o Abusando sexualmente de
Niños, Niñas, Adolescentes, Hombres y Mujeres, así como de instigar o perseguir
bajo amenazas para que los ciudadanos que se encontraban dentro del territorio
nacional de desplazaran de manera forzada hacia el territorio de la República
de Colombia.
5.- No
considera este Comité Internacional que el Estado de la República Bolivariana
de Venezuela, haya actuado en la comisión de delitos de
Lesa Humanidad, ya que lo aquí sucedido no encuadra dentro de lo que establece
la Declaración Americana o el Estatuto de Roma.
CONCLUSIÓN FINAL:
PRIMERO: El
Estado de la República Bolivariana de Venezuela no ha conculcado los derechos
humanos universalmente reconocidos a las presuntas víctimas que señala el Honorable Sr Procurador
Generalde la República de Colombia, ya que ha observado este Comité
Internacional que las autoridades han actuado apegadas dentro del marco
Constitucional (Soberanía) y en estricto apego al mandato de la Ley de
Extranjeros, por lo tanto concluye este Comité que no se han violado Derechos
Humanos universalmente reconocidos. Sino en resguardo de no permitir la
residencia ilegal de Extranjeros dentro de su territorio.
SEGUNDO: Se
Notificará de la presente observación al Defensor del Pueblo y a la Fiscal
General de la República Bolivariana de Venezuela.
TERCERO:Infórmese
de la Presente observación a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana
de Venezuela.
Humanista
Israel Álvarez de Armas
Presidente del Comité Internacional sobre
Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de Genocidio y de
Lesa Humanidad - Defensor Integral y Universal de los Derechos Humanos que
Informa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Fiscal de la Corte
Penal Internacional (Resolución a/res/A/58/380 de 18 de septiembre de
2003)"
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