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COMISIÓN EUROPEA Y ASIÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
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23 de Noviembre, 2015 · General

RESOLUCIÒN DEL COMITÈ INTERNACIONAL QUE CONDENA LAS DETENCIONES ARBITRARIAS COMETIDAS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


El Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad, integrado por el Humanista Juris. Israel Álvarez de Armas (Venezuela); José Da Nobrega Silva (Portugal); Carlos Belaunde (Perú);  Pedro Linares (España); Roberto Avellanet (Puerto Rico); Patricia Guzmán (Chile); y Norma Lee White (Canadá); Han acordado emitir la siguiente Resolución:

CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de Noviembre de 2015, este Comité Internacional aprobó el Informe Nº G-LH-00091 sobre los Estados Unidos de América y la República de Haití, con el objeto de ser presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de Noviembre el Informe supra referido se presentó conjuntamente con Petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

CONSIDERANDO: Que en fecha 19 de Noviembre de 2015, copia de la Petición remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA), fue consignada en el despacho de la Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en cuarenta y siete (47) fojas.

CONSIDERANDO: Que en fecha 22 de Noviembre de 2015, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ingresó la Petición a trámite, registrándola bajo el alfanumérico:

P-0000000949-15

CONSIDERANDO: Que entre los Estados Unidos de América y la República de Haití, existe un Tratado de Extradición de fecha 09 de Agosto de 1904.

CONSIDERANDO: Que los Estados Unidos de América suscribió (01/10/1995) y Ratifico (01/05/2001 la “CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL”.

CONSIDERANDO: Que la República de Haití, no es Estado parte de la referida CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL”.

CONSIDERANDO: Que en fecha 10 de Noviembre de 2015 fueron detenidos en territorio de la República de Haití, por funcionarios del Departamento de Justicia           , pertenecientes al (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION (DEA) de los Estados Unidos de América, los ciudadanos venezolanos: FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS y EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES.

CONSIDERANDO: Que los referidos ciudadanos venezolanos detenidos de manera arbitraria por funcionarios ajenos a las organizaciones policiales de la República de Haití, se encontraban protegidos independientemente por la Constitución del 29 de Marzo de 1987 de ese país, y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

CONSIDERANDO: Que la Constitución Nacional de la República de Haití establece:

TITULO III

DEL CIUDADANO

DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

SECCIÓN B

DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL

Artículo 24.- La libertad individual es garantizada y protegida por el estado.

Artículo 24.-1: Nadie puede ser perseguido, arrestado o detenido excepto en los casos determinados por la ley y según las normas que ella prescribe.

Artículo 24.-2: El arresto y la detención, excepto en los casos de delito flagrante, sólo tendrá lugar por el mandato escrito de un funcionario legalmente competente.

Artículo 24.-3: Para que ese mandato pueda ser ejecutado, deberá:

1)              Expresar formalmente en creole y en francés él o los motivos del arresto o de la detención y la disposición de la ley que castiga el hecho imputado;

2)         Notificarse y dejar copia al momento de la ejecución a la persona prevenida;

3)         Notificar al prevenido de su derecho de hacerse asistir de un abogado en todas las gases de la instrucción hasta el juicio definitivo;

4)         Salvo en casos de delito flagrante, ningún arresto sobre mandato, ninguna pesquisa puede tener lugar entre las seis (6) horas de la tarde y las seis (6) de la mañana.

5)         La responsabilidad es personal. Nadie puede ser arrestado en lugar de otro.

 

Artículo 25.- Todo rigor o constreñimiento que no sea necesario para aprehender a una persona o mantenerla en detención; toda presión moral o brutalidad física, especialmente durante el interrogatorio, están prohibidas.

Artículo 25.-1: Nadie puede ser interrogado en ausencia de su abogado o de un testigo de su elección.

Artículo 26.- Nadie puede ser mantenido en detención si no ha comparecido en las cuarenta y ocho (48) horas que siguen a su arresto ante un juez llamado a estatuir sobre la legalidad del arresto y si ese juez no ha confirmado la detención por decisión motivada.

Artículo 26.-1: En caso de contravención, el inculpado es citado en justicia ante el juez de paz, quien estatuye definitivamente.

En caso de delito o crimen, el prevenido puede, sin permiso previo y sobre simple memoria, entablar recurso ante el decano del tribunal de primera instancia de la jurisdicción, quien, sobre las conclusiones del ministerio público, decidirá en audiencia extraordinaria inmediata, sin dilación ni por turno, cesando todos los otros asuntos, sobre la legali­dad del arresto y de la detención.

Artículo 26.2: Si el arresto es juzgado ilegal, el juez ordena la liberación inmediata del detenido y esta decisión es ejecutoria al minuto no obstante apelación, escrito de agravios o prohibición de ejecución.

Artículo 27.- Todas las violaciones de las disposiciones relativas a la libertad individual son actos arbitrarios. Las personas afectadas pueden, sin autorización previa referirse a los tribunales competentes para perseguir a los autores y los ejecutores de esos actos arbitrarios cualesquiera que sean sus cualidades y cualquiera que sea el cuerpo al que pertenezcan.

Artículo 27-1: Los funcionarios y empleados del Estado son directamente respon­sables según las leyes penales, civiles y administrativas de los actos hechos en violación de derechos. En esos casos, la responsabilidad civil se extiende también al Estado.

CONSIDERANDO: Que bajo el Amparo de la Constitución Nacional  se le negó a las personas detenidas el derecho de acceso a la justicia y el  derecho a ser oído sin demora por un juez competente.

CONSIDERANDO: El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se refiere a las garantías judiciales  establece los lineamientos del llamado “debido proceso legal”, que  consiste  inter alia  en el derecho de  toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo  razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,  establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier  acusación penal formulada en su contra.

RESUELVE:

1.- Establecer con efectos Erga Omnes que en el presente caso ha habido una detención Arbitraria en perjuicio de las apodícticamente víctimas: FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS y EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES.

2.- Condenar la conducta omisiva de parte de las autoridades de la República de Haití en dar cumplimiento a lo establecido en su Constitución Nacional y en las obligaciones contraídas por el Estado cuando suscribió en fecha 14 de Septiembre de 1977, y que mediante la Ley Aprobatoria de fecha 18 de Agosto de 1979 fue ratificada la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se manifestó: “Declaramos, por la presente, reconocer como obligatoria, de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención. Esta declaración se emite para presentación a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte, de conformidad con el artículo 62 de la Convención. La presente declaración está acompañada de la ley del 18 de agosto de 1979 mediante la cual la República de Haití ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos promulgada en el Diario Oficial de la República.”

3.- Rechazar el traslado forzoso y sin ninguna fórmula de juicio de las apodícticamente víctimas: FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS y EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES, al territorio de los Estados Unidos de América, con el objeto de someterlos a la Jurisdicción Extraterritorial que impera en esa nación.

4.- Denunciar ante la comunidad internacional el espurio enjuiciamiento del cual están siendo sometidos contra su voluntad las apodícticamente víctimas: FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS y EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES, por parte de funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, en complicidad con Jueces que ejercen en las Cortes del Estado de New York.

5.- Exhortar a las apodícticamente victimas a no cohonestar con el Juez de la Corte de New York para la fecha de la comparecencia en la agenda del día dos (2) de Diciembre de 2015, a que no reconozcan la competencia que la referida Corte pretende ostentar, por cuanto lo que la misma pretende es la convalidación de la Detención fuera de su jurisdicción.

5.- Elevar el conocimiento del presente caso y de acuerdo a las obligaciones de este Comité Internacional, establecidas en la Resolución a/res/53/144 de fecha 8 de marzo de 1999 y, de la Resolución a/res/58/380 de 18 de septiembre de 2003, emanadas de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

6.- Notificar por cualquier medio a las apodícticamente víctimas FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS y EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES de la presente Resolución.

 

 

Doy Fe:

 

Humanista

Israel Álvarez de Armas

Presidente del Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad - Defensor Integral y Universal de los Derechos Humanos que Informa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Fiscal de la Corte Penal Internacional (Resolución a/res/A/58/380 de 18 de septiembre de 2003)"

 

 

 

 

 

 

 

publicado por victoria13 a las 12:29 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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