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COMISIÓN EUROPEA Y ASIÁTICA DE DERECHOS HUMANOS
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16 de Diciembre, 2015 · General

SE PRESENTARÁ ACUSACIÓN CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ANTE UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL POR EL SECUESTRO DE EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES Y DE FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS



RESUELTO DEFENSORIAL No 00324/2015 
 
Quien suscribe, Humanista Israel Álvarez de Armas, Presidente del Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias, y delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad, órgano de apoyo a las tareas de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos universalmente reconocidos, conforme a lo establecido en las Resoluciones a/res/53/144 de fecha 8 de marzo de 1999 y a/res/58/380 (Ampliación del Mandato) de fecha 18 de septiembre de 2003, emanadas ambas de la Asamblea general de la ONU
 

CONSIDERANDO:

Que ha sido evidente el inocultable secuestro por parte de funcionarios policiales de los Estados Unidos de América de los ciudadanos EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES y FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS, en la República de Haití y llevados por la fuerza a territorio de los Estados Unidos.

 

CONSIDERANDO:

Que estos funcionarios policiales podrían haber actuado bajo las órdenes de la Procuradora General de los Estados Unidos de América Sra. Loretta Lynch.

 

CONSIDERANDO:

Que la actividad policial desplegada por estos funcionarios policiales de los Estados Unidos de América, podría haber contado con la complicidad del Estado de la República de Haití, de acuerdo a lo declarado por el Fiscal Federal Preet Bharara.

CONSIDERANDO:

Que es obligación de este Comité denunciar las graves violaciones de los Derechos Humanos, cometidas por cualesquiera funcionarios de gobierno pertenecientes a Naciones  que hayan ratificado o no el Estatuto de Roma.

CONSIDERANDO:

Con la intención del secuestro de los ciudadanos EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES y FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS, quienes forman un grupo de detenidos, supuestamente  los Estados Unidos de América desearían someterlos intencionalmente a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, constituyendo esta actividad un evidente delito de Genocidio.

CONSIDERANDO:

Que este tipo de delitos se encuentra protegido por la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, de la cual basados en el concepto del Jus Cogens que está definido en el  artículo 53 del Tratado de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, según el cual:

  “una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. "

CONSIDERANDO:

Que los Estados Unidos de América suscribieron la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” en fecha 11 de Diciembre de 1948 y la ratificaron en 25 de Noviembre de 1988.

 

CONSIDERANDO:

Que con el secuestro de los ciudadanos EFRAIN ANTONIO CAMPO FLORES y FRANQUI FRANCISCO FLORES DE FREITAS, los Estados Unidos de América han violado la obligación consuetudinaria de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, al mantener en calidad de Rehenes con fines de extinción, y contra su voluntad a las apodícticamente víctimas, en abierta violación de los artículos 19 y 21 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

CONSIDERANDO:

La Corte Internacional de Justicia confirma claramente que la calificación jurídica del delito de genocidio es independiente del tipo de conflicto, sea interno o internacional, durante el que se lo comete. La Corte comienza por recordar el artículo 1 de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio del 9 de diciembre de 1948:

  “Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar. "  

 

CONSIDERANDO:

La Corte Internacional de Justicia determina el alcance territorial de la obligación de sancionar el delito de genocidio. Explica breve y directamente que:

  “Los derechos y obligaciones estipulados en la Convención son derechos y obligaciones erga omnes . (...) De modo que la obligación que los Estados tienen de prevenir y sancionar el delito de genocidio no está territorialmente limitada por la Convención. " 

 

CONSIDERANDO:

Que el Artículo VI de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio” establece:


“Las personas acusadas de genocidio, o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo III [La asociación para cometer genocidio; la instigación directa y pública a cometer genocidio; la tentativa de genocidio; la complicidad del genocidio], serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio se haya cometido el acto, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto de aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción.[...]

CONSIDERANDO:

Texto parcial del auto de la Audiencia Nacional sobre la competencia española para perseguir delitos de genocidio en Chile, la cual interpreta el contenido del artículo VI de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”:

 

Omissis….

“SEGUNDO. Verdadero alcance de la disposición contenida en el artículo 6 del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio.

Por razones de sistema, se analizará en primer lugar el segundo motivo del recurso del Ministerio Fiscal, lo que se hará reproduciendo lo que el Pleno tiene ya manifestado en auto de fecha de ayer, dictado en el recurso de apelación rollo número 84/98 de la Sección Tercera (contra auto del Juzgado Central de Instrucción número Cinco declarando la competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos del sumario 19/97 de ese juzgado, sobre genocidio y terrorismo, por hechos ocurridos en Argentina en los años 1976 al 1983).

El Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio es de 9 de diciembre de 1948. España se adhirió al mismo el día 13 de septiembre de 1968, con reserva a la totalidad del artículo 9 (sobre jurisdicción del Tribunal Internacional de Justicia en materia de controversias entre las Partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o ejecución del Convenio, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3). El Convenio entró en vigor para España el 12 de diciembre de 1968. El Convenio recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su Resolución 96 (1) de 11 de diciembre de 1946, declaró que el genocidio es un delito de derecho internacional, contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena (Preámbulo) y dispone que las Partes contratantes se comprometen a prevenir y sancionar el genocidio, ya cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra (artículo 1), ya sean responsables gobernantes, funcionarios o particulares (artículo 4), que las Partes contratantes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones del Convenio y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquiera otro de los actos enumerados en el artículo 3 (artículo 5) y que toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones Unidas para que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de actos de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3 (artículo 8).

Su artículo 6 dispone: "Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3 serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción".

Para los apelantes (sólo el Ministerio Fiscal en el presente recurso), el anterior precepto (integrante de nuestro ordenamiento interno, conforme al artículo 96 de la Constitución Española y artículo 1, apartado cinco, del Código Civil) excluiría para el delito de genocidio la jurisdicción de España, si el delito no fue cometido en territorio nacional.

Discrepa de esta opinión el Pleno de la Sala. El artículo 6 del Convenio no excluye la existencia de órganos judiciales con jurisdicción distintos de los del territorio del delito o de un tribunal internacional. El artículo 6 del Convenio anuncia un tribunal penal internacional e impone a los Estados parte la obligación de que los genocidios sean obligatoriamente juzgados por los órganos judiciales del Estado en cuyo territorio los delitos se cometieron. Mas sería contrario al espíritu del Convenio que busca un compromiso de las Partes contratantes, mediante empleo de sus respectivas normativas penales, de persecución del genocidio como delito de derecho internacional y de evitación de la impunidad de crimen tan graves tener el citado artículo 6 del Convenio por norma limitativa del ejercicio de la jurisdicción, excluyente de cualquiera otra distinta de las que el precepto contempla. Que las Partes contratantes no hayan acordado la persecución universal del delito por cada una de sus jurisdicciones nacionales no impide el establecimiento, por un Estado parte, de esa clase de jurisdicción para un delito de transcendencia en todo el mundo y que afecta a la comunidad internacional directamente, a la humanidad toda, como el propio Convenio entiende. De ningún modo podríamos entender que el artículo 6 transcrito impidiese a los Estados signatarios hacer uso del principio de persecución por personalidad activa recogido en sus normativas internas. Sería impensable que, por aplicación del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio, España, por ejemplo, no pudiese castigar a un genocida de nacionalidad española que hubiese cometido el delito fuera de España y se hallase en nuestro país, cumplidos los requisitos del artículo 23, apartado dos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues bien, los términos del artículo 6 del Convenio de 1948 no autorizan tampoco a excluir la jurisdicción para el castigo del genocidio de un Estado parte, como España, cuyo sistema normativo recoge la extraterritorialidad en orden al enjuiciamiento de tal delito en el apartado cuatro del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de ningún modo incompatible con el Convenio.

Lo que debe reconocerse, en razón de la prevalencia de los tratados internacionales sobre el derecho interno (artículos 96 de la Constitución Española y 97 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969), es que el artículo 6 del Convenio para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio impone la subsidiariedad de la actuación de jurisdicciones distintas a las que el precepto contempla, de forma que la jurisdicción de un Estado debería abstenerse de ejercer jurisdicción sobre hechos, constitutivos de genocidio, que estuviesen siendo enjuiciados por los tribunales del país en que ocurrieron o por un tribunal penal internacional. (Subrayado nuestro)

CONSIDERANDO:

Que la República de Venezuela, hoy, República Bolivariana de Venezuela adhiere a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, en fecha 12 de Julio de 1960.  

CONSIDERANDO:

Que la Corte Internacional de Justicia ha confirmado erga omnes que los Estados pueden cometer Genocidio.

 

RESUELVE:

1.- Autorizar amplia y suficientemente al Humanista Israel Álvarez de Armas para que presente Querella contra:

a) Los Estados Unidos de América por estar presuntamente incursa en la Comisión del delito de Genocidio, previsto y sancionado  en el Artículo II, letra c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”.

b) Loretta Lynch,  Preet Bharara, Mark Aldea, Paul A. Crotty, por estar supuestamente incursos en la Comisión del delito de Genocidio, previsto y sancionado  en el Artículo II, letra c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio”, en el grado de Determinadores y/o Cooperadores necesarios.

 

 

Por el Comité se colocará como aclaración y en señal de validación el Sello de Firma Autorizada.

 

 

 

Humanista

Israel Álvarez de Armas

Alto Comisionado Iberoamericano para los Derechos Humanos y

Presidente del Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias, y delitos de Genocidio y de Lesa Humanidad en los Países miembros de las Naciones Unidas, y Presidente de la Confederación Mundial de Defensores de Derechos Humanos inter alia Informa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Fiscal de la Corte Penal Internacional (Resolución a/res/ A/58/380 de 18 de septiembre de 2003) 

publicado por victoria13 a las 22:57 · Sin comentarios  ·  Recomendar
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