Ciudadana
Dra. Luisa
Ortega Díaz
Fiscala
General de la República
Su Despacho.-
Me
dirijo a usted de conformidad con lo establecido en los artículos 51, 135, 285
numerales 1° y 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
la oportunidad de presentarle los siguientes hechos que podrían constituir
serias infracciones al ordenamiento jurídico constitucional y legal:
LOS HECHOS:
Funcionarios
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en la sede del
Helicoide y Plaza Venezuela, y de la denominada Dirección General de
Contrainteligencia (DGCIN) en la sede de Boleita, impiden el acceso a los
abogados que en representación de los detenidos, o en la búsqueda de
representación de los mismos, deben necesariamente acudir a estos organismos
del Estado, encontrándose con la respuesta siguiente: “No pueden ingresar”, “Venga
el Martes”, “Venga el Jueves”, Deje aquí el documento y venga dentro de 8 días
a buscarlo”, etc.
El
Código Orgánico Procesal Penal establece en los numerales 3°, 6°, 7° y 8° de su
artículo 127:
Omissis…
Artículo 127. El imputado o
imputada tendrá los siguientes derechos: (…) 3. Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la
investigación, por un defensor o defensora que designe el o ella, o sus
parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública.
(…) 6. Informar al detenido o detenida acerca de sus derechos. 7. Comunicar a
los parientes u otras personas relacionadas con el imputado o imputada, el
establecimiento en donde se encuentra detenido o detenida. 8. Asentar el lugar,
día y hora de la detención en un acta inalterable.” (Subrayado y en negritas del
suscrito)
Establece
el artículo 44 numeral 2 del Estatuto Sustantivo Constitucional:
Omissis…
Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en
consecuencia: (…) 2. Toda
persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus
familiares, abogado o abogada
o persona de su confianza, y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser
informados o informadas del lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser
notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que
dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de
la persona detenida, ya sea por sí mismos o con el auxilio de especialistas. La
autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada,
que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y
funcionarios que la practicaron. (Subrayado
y en negritas del suscrito)
Así mismo, establecen los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, Octavo
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente”, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de
septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990).
1. Toda persona está facultada para recurrir a la
asistencia de un abogado de su elección para que proteja y demuestre sus
derechos y lo defienda en todas las fases del procedimiento penal.
2. Los gobiernos procurarán que se establezcan procedimientos
eficientes y mecanismos adecuados para hacer posible el acceso efectivo y en
condiciones de igualdad a la asistencia letrada de todas las personas que se
encuentren en su territorio y estén sometidas a su jurisdicción, sin ningún
tipo de distinción, como discriminaciones por motivos de raza, color, origen
étnico, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento, situación económica u otra
condición.
5. Los gobiernos velarán por que la autoridad
competente informe inmediatamente a todas las personas acusadas de haber
cometido un delito, o arrestadas o detenidas, de su derecho a estar asistidas
por un abogado de su elección.
8. A toda persona arrestada, detenida, o presa,
se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir
visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora,
interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial. Estas consultas
podrán ser vigiladas visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir
la ley, pero no se escuchará la conversación.
16. Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin
intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes
tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones
administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que
hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que
se reconocen a su profesión.
19. Ningún tribunal ni organismo administrativo
ante el que se reconozca el derecho a ser asistido por un abogado se negará a
reconocer el derecho de un abogado a presentarse ante él en nombre de su
cliente, salvo que el abogado haya sido inhabilitado de conformidad con las
leyes y prácticas nacionales y con estos principios.
22. Los gobiernos reconocerán y respetarán la
confidencialidad de todas las comunicaciones y consultas entre los abogados y
sus clientes, en el marco de su relación profesional.
SOLICITUD:
Ante
la falta de intervención de la Defensoría del Pueblo, y a tenor de lo
establecido en el artículo 135 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, se le solicita al Ministerio Público, exhortar, tanto al Director
del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN), Mayor General Gustavo
González López, en la sede del Helicoide o en cualesquiera otras sedes, como
a la denominada Dirección General de
Contrainteligencia (DGCIN), General de División Iván Hernández Dala, en la
sede de Boleíta o en cualesquiera otras sedes, a no incurrir en actos o hechos
que conlleven a la violación sistemática de los derechos humanos, los cuales
vienen siendo conculcados con estas acciones fuera del marco Constitucional y
Legal, al impedir el acceso a los profesionales del derecho (Abogados en
ejercicio), a esas dependencias administrativas, obstruyendo el mandato de la
ley.
Conste.-
Humanista
Israel
Álvarez de Armas
Presidente
del Comité Internacional sobre
Desapariciones
Forzadas, Detenciones Arbitrarias y
Delitos
de Genocidio y de Lesa Humanidad.
