HUBO UNA VEZ UNA MAGISTRADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
“JUSTICIA”, QUE SALVÓ SU VOTO ANTE EL ENCUBRIMIENTO DE UNOS MAGISTRADOS, PARA
QUE NO QUEDARÁ DUDA DE LA FORMA DE COMO SE TENÍA QUE IMPARTIR JUSTICIA.
AQUÍ ESTÁN LOS
HECHOS Y SU VOTO SALVADO
“SALA PLENA
Magistrado Ponente: OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
Expediente Nº AA10-L-2011-000433
Mediante Oficio del 29 de noviembre de 2011, la ciudadana
LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su carácter de FISCALA GENERAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA, presentó ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia escrito constante de quince (15) folios útiles, mediante el cual
solicitó la desestimación de la denuncia presentada por el ciudadano ISRAEL
ÁLVAREZ DE ARMAS, quien se identificó como Presidente del “Comité Internacional
sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de genocidio y
de Lesa Humanidad” en contra del Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, por
la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado en grado de autor
intelectual o determinador en perjuicio de varías personas, con ocasión de los
sucesos acaecidos los días 3 y 4 de febrero de 1992, Privación Ilegítima de
Libertad en perjuicio del ciudadano Coronel (Ej) Marcos Yánez Fernández y del
Sargento Segundo Yajure Álvarez, así como “Intento de Homicidio” en perjuicio
de este último y Hurto Agravado de vehículos pertenecientes a la Nación y de
Armas de Guerra, en grado de autor intelectual o determinador.
El 14 de febrero de 2012, en cumplimiento de lo
acordado por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, se designó
la ponencia al Magistrado OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, con el fin de resolver lo que
fuere conducente.
Realizado el estudio del expediente, procede esta
Sala a dictar sentencia, previas las siguientes consideraciones:
- I -
DE LA
DENUNCIA INTERPUESTA
En fecha 18 de octubre de 2011, ante la
Unidad de Registro de la Dirección de Secretaría General del Ministerio
Público, el ciudadano ISRAEL ÁLVAREZ DE ARMAS, titular de la cédula de
identidad N° 5.014.920, presentó escrito constante de catorce (14) folios,
denunciando al actual Presidente de la República, por la presunta comisión de
los delitos de Homicidio Calificado (Determinador), Intento de Homicidio,
Privación Ilegítima de Libertad y Hurto Agravado. En tal sentido, expone lo
siguiente:
“ Quien suscribe, Humanista Israel Álvarez de Armas, Presidente del
Comité Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y
delitos de genocidio y de Lesa Humanidad, órgano de apoyo a las tareas de las
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos universalmente reconocidos (…)
Comunicación:
1.- Al
ciudadano Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela.
En relación
con: Personas que fueron Asesinadas el día Cuatro (4) de Febrero de 1992. (…)
Origen,
Mandato y Soporte Legal en la actuación del Defensor, o, el por qué (sic) de su
actividad en todo tiempo y lugar:
Siendo el
Defensor de Derechos Humanos, un mandatario voluntario de derechos,
independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico o credo
religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, y tampoco
apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuya o derechos se esfuerza
en proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos
humanos (…)
CONSIDERANDO:
Que en fechas
3 y 4 de febrero de 1992 un grupo de Oficiales, Sub-Oficiales y personal de
Tropa bajo el mando del Teniente Coronel (Ejercito) (sic) HUGO RAFAEL CHÁVEZ
FRÍAS, hicieron todo lo necesario para la perpetración por la vía de la fuerza
y con saldo de muertes, deponer, al gobierno Constitucionalmente electo por el
sufragio popular, presidido por el ciudadano CARLOS ANDRES PÉREZ RODRÍGUEZ,
actualmente fallecido (…)
CONSIDERANDO:
Que el delito
de REBELIÓN MILITAR por el cual fuera imputado el Teniente Coronel (Ej) HUGO
RAFAEL CHÁVEZ FRÍAZ, debe entenderse como tal delito con motivaciones políticas
y esta Defensoría Internacional sobre tal delito no tienen nada que denunciar
ante el Estado.
CONSIDERANDO:
Que en la
misma fecha de los hechos por los cuales fuera imputado, Sobreseído su causa, y
eventualmente Amnistiado por tal delito de REBELIÓN MILITAR, el Teniente
Coronel (Ej) HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, fallecieron producto de este hecho, las
siguientes personas:
Civiles:
Noelia
Lorenzo Parada, Tenia 9 años de edad.
Recibió una bala de FAL, en la cabeza cuando los Insurgentes iniciaron la toma
de Miraflores, vivía en la Avenida Sucre era una alumna brillante del Colegio
Teresiano de la Castellana. Era la hermanita mayor de tres niñas de una familia
Uruguaya, era también una excelente alumna en la Escuela, hoy tendría 28 años
de edad.
Echarta
Gaíska. Tenía 20 años
y era estudiante de Ingeniería. Recibió una bala de FAL cuando los insurgentes
iniciaron el asalto a la Carlota.
Migdalia
Antonia Delgado de Marquina. Tenía 30 años y era Dirigente Estudiantil. Recibió un disparo de FAL en
la cabeza, disparado por los rebeldes en la Base Aérea La Carlota, su hijo de 3
años recibió una herida rasante de FAL en la cabeza. Dejó otro hijo en aquel
entonces de 6 años. Era hija del Jefe Civil de Chacao.
Hugo Orlando
Villarte Mejías. Tenía 40
años, Trabajador de la Torre La Primera. Muerto a balazos por francotiradores
en el “23 de Enero”.
José Enríque
Ordaz. Tenía 44
años, era Escenógrafo de Arte TV, recibió un balazo en la espalda cuando
militares insurgentes dispararon repetidas veces desde el Museo Histórico
Militar en la parroquia “23 de enero” durante la revuelta del 4 de febrero, falleció
el día siguiente en el Hospital Militar.
Funcionarios
Policiales en cumplimiento del Servicio:
Gerson
Gregorio Castañeda, tenía 26 años y era Agente de la DISIP adscrito a la División de
Patrullaje Vehicular, muerto en la Casona cuando Insurgentes atacaban las casas
aledañas a la Residencia Presidencial.
Edicto Rafael
Cermeño Joves. Agente de la
DISIP, muerto en la Casona (sic).
Jesús Rafael
Oramas, tenía 30 años
y era Agente de la DISIP, adscrito a la División de Patrullaje Motorizado,
resultó muerto a balazos en la Casona.
Jesús Aponte
Reina, tenía 21 años
era Agente de la Policía Municipal de Sucre, falleció al recibir un impacto
neto de Montero cuando los Insurgentes atacaban las residencias aledañas a la
Residencia Presidencial de la Casona.
José Aldana, Cabo II de la Policía Metropolitana, muerto a
balazos por los Tupamaros en la Cañada, Parroquia “23 de enero”.
Franklin
Alexis Vega, Agente de la
Policía de Valencia, Estado Carabobo.
Wilmer Díaz, Agente de la Policía de Valencia, Estado Carabobo.
Efectivos
Militares:
Deivis Peña
Juárez, Cabo Segundo
de la Guardia Nacional
Elio José
Gamboa, Cabo Segundo,
Guardia de Honor.
Miguel
Escalona Arriechi, Guardia de Honor.
Jesús Alberto
González, Guardia de Honor.
Julio Peña
Labrador, Guardia de Honor.
Jesús
Santiago, Capitán (Ej).
Fernando
Cabrera, Subteniente (Ej).
Pablo
Linares, Sargento Técnico (Arv)
Celso
González, AT de la
Aviación.
José Salas
Ramírez, Distinguido
(Ej).
José Ramón
Noguera, Soldado (Ej).
José Nieves, Soldado (Ej).
Jesús G.
Rodríguez, Distinguido (Ej).
Luis García, Distinguido del (Ej).
Guerras
Montes de Oca, soldado (Ej).
Hernández
Herrera, soldado (AV).
César
Castillo, soldado (Ej).
Wilmer
Molina, Soldado (Ej).
CONSIDERANDO:
Que el delito
de HOMICIDIO no se encuentra dentro de la definición que estableció el
legislador para el delito de REBELIÓN MILITAR (…)
CONSIDERANDO:
Que el día
cuatro (4) de febrero de 1992, ante los medios de comunicación Audiovisuales y
escritos, el ciudadano Teniente Coronel (Ej) HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, DECLARÓ:
“…Primero que
nada quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela, y este mensaje
bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el
Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia.
Compañeros: Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la capital. Es decir, nosotros, acá en Caracas, no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es
tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene (sic)
enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra. Oigan al comandante Chávez quien les lanza este mensaje para que, por favor,
reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel
nacional imposible que los logremos. Compañeros: Oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les
agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este
movimiento militar bolivariano. Muchas gracias…” (Subrayado y en negritas del suscrito)
CONSIDERANDO:
Que el
ciudadano Teniente Coronel (Ej) HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, por su propia
declaración, es el responsable en haber ordenado controlar el poder por medio
de las armas y como consecuencia de ello fueron asesinadas personal civil,
funcionarios policiales y efectivos militares, en grado de Autor Intelectual o
Determinador del delito de Homicidio Calificado por motivos Fútiles e Innobles
y con los agravantes establecidos en el artículo 77 del Código Penal en los
cardinales 1° (Alevosía), 6° (Astucia, Fraude o disfraz), 7° (Emplear medios o hacer concurrir
circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito), 8° (Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas de la autoridad o emplear cualquier otro medio que debilite la defensa
del ofendido), 9° (Obrar con abuso de confianza), 11° (Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o
proporcionen impunidad), 12° (Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimarán los Tribunales atendiendo a las del
delincuente y a los efectos del delito), 13° Ejecutarlo en desprecio
o en ofensa de la autoridad pública o donde ésta se halle ejerciendo sus funciones), y
16° (Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura,
entendiéndose por ésta toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o amujeramiento de paredes, terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras, candados u otros utensilios o instrumentos que
sirvan para cerrar o impedir el paso a la entrada y de toda especie de
cerraduras, sean las que fueren). (Subrayado y en negritas del suscrito)
CONSIDERANDO:
Que el
ciudadano Teniente Coronel (Ej) en la actualidad en situación de retiro HUGO
RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, también es responsable de manera directa de la autoría
material del presunto delito de Privación Ilegitima de la Libertad del Oficial
que ostentaba el cargo de Director del Museo Histórico Militar con sede en la
Planicie en la ciudad de Caracas, ciudadano Coronel (Ejercito) Marcos Yánez
Fernández, y del sargento (sic) segundo (sic) Yajure Álvarez, como también por
el presunto delito de Intento de Homicidio de este último, por haberlo
amenazado con el arma de reglamento que portaba para ese momento el Teniente
Coronel (Ej) Hugo Rafael Chávez Frías.
SE RESUELVE:
a) Ante lo
sucedido en el presente caso, y por la gravedad del mismo, nos obliga a
presentar una denuncia contra el ciudadano Teniente Coronel (Ej) HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, quien es venezolano, mayor de edad, Divorciado,
Licenciado en Ciencias y Artes Militares, con domicilio para los efectos de ser
Notificado en: Palacio de Miraflores, Avenida Urdaneta con Esquina de Bolero,
sede de la Presidencia de la República, por la presunta comisión de los delitos
Homicidio calificado en grado de Autor Intelectual o Determinador, previsto y
sancionado en el Código Penal que para el momento de los hechos establecía en
sus artículos 407,408 y 409 del Titulo IX. De los delitos contra las personas,
del Capítulo I, Del (sic) homicidio, en perjuicio de las siguientes personas:
Civiles:
Noelia
Lorenzo Parada, Tenia 9 años de edad.
Recibió una bala de FAL, en la cabeza cuando los Insurgentes iniciaron la toma
de Miraflores, vivía en la Avenida Sucre era una alumna brillante del Colegio
Teresiano de la Castellana. Era la hermanita mayor de tres niñas de una familia
Uruguaya, era también una excelente alumna en la Escuela, hoy tendría 28 años
de edad.
Echarta
Gaíska. Tenía 20 años
y era estudiante de Ingeniería. Recibió una bala de FAL cuando los insurgentes
iniciaron el asalto a la Carlota.
Migdalia
Antonia Delgado de Marquina. Tenía 30 años y era Dirigente Estudiantil. Recibió un disparo de FAL en
la cabeza, disparado por los rebeldes en la Base Aérea La Carlota, su hijo de 3
años recibió una herida rasante de FAL en la cabeza. Dejó otro hijo en aquel
entonces de 6 años. Era hija del Jefe Civil de Chacao.
Hugo Orlando
Villarte Mejías. Tenía 40
años, Trabajador de la Torre La Primera. Muerto a balazos por francotiradores
en el “23 de Enero”.
José Enríque
Ordaz. Tenía 44
años, era Escenógrafo de Arte TV, recibió un balazo en la espalda cuando
militares insurgentes dispararon repetidas veces desde el Museo Histórico
Militar en la parroquia “23 de enero” durante la revuelta del 4 de febrero,
falleció el día siguiente en el Hospital Militar.
Funcionarios
Policiales en cumplimiento del Servicio:
Gerson
Gregorio Castañeda, tenía 26 años y era Agente de la DISIP adscrito a la División de
Patrullaje Vehicular, muerto en la Casona cuando Insurgentes atacaban las casas
aledañas a la Residencia Presidencial.
Edicto Rafael
Cermeño Joves. Agente de la
DISIP, muerto en la Casona (sic)
Jesús Rafael
Oramas, tenía 30 años
y era Agente de la DISIP, adscrito a la División de Patrullaje Motorizado,
resulto muerto a balazos en la Casona.
Jesús Aponte
Reina, tenía 21 años
era Agente de la Policía Municipal de Sucre, falleció al recibir un impacto
neto de Montero cuando los Insurgentes atacaban las residencias aledañas a la
Residencia Presidencial de la Casona.
José Aldana, Cabo II de la Policía Metropolitana, muerto a
balazos por los Tupamaros en la Cañada, Parroquia “23 de enero”.
Franklin
Alexis Vega, Agente de la
Policía de Valencia, Estado Carabobo.
Wilmer Díaz, Agente de la Policía de Valencia, Estado Carabobo.
Efectivos
Militares:
Deivis Peña
Juárez, Cabo Segundo
de la Guardia Nacional
Elio José
Gamboa, Cabo Segundo,
Guardia de Honor.
Miguel
Escalona Arriechi, Guardia de Honor.
Jesús Alberto
González, Guardia de Honor.
Julio Peña
Labrador, Guardia de Honor.
Jesús
Santiago, Capitán (Ej).
Fernando
Cabrera, Subteniente (Ej).
Pablo
Linares, Sargento Técnico (Arv)
Celso
González, AT de la
Aviación.
José Salas
Ramírez, Distinguido
(Ej).
José Ramón
Noguera, Soldado (Ej).
José Nieves, Soldado (Ej).
Jesús G.
Rodríguez, Distinguido (Ej).
Luis García, Distinguido del (Ej).
Guerras
Montes de Oca, soldado (Ej).
Hernández
Herrera, soldado (AV).
César
Castillo, soldado (Ej).
Wilmer
Molina, Soldado (Ej).
b) Así
mismo, por el presunto delito de Privación Ilegitima de Libertad en perjuicio
del ciudadano Coronel (Ejercito) Marcos Yánez Fernández, y del Sargento Segundo
Yajure Álvarez, como también por el presunto delito de intento de Homicidio de
este último.
c) Como así
mismo, por el presunto delito de Hurto Agravado de vehículos pertenecientes a
la Nación y de Armas de guerra, en grado de Autor Intelectual o Determinador,
confesado por el mismo.
d) La
Legitimación de conocer la presente denuncia, que aun (sic) cuando los hechos
ocurrieron en fecha 04 de Febrero de 1992, la ostenta el Ministerio Público,
para eventualmente solicitar el Antejuicio de Merito (sic) ante el Tribunal
Supremo de Justicia, por cuanto la persona denunciada ha confesado libre de
toda coacción o apremio ser el presunto responsable de los hechos narrados
supra, ostenta el cargo de Presidente de la República, y en cumplimiento de lo
establecido en la ley adjetiva penal en sus artículos 188.1, 14, y 18 y 377
eiusdem, y que los referidos delitos no se encuentran prescritos.
e) Le informo
igualmente al Fiscal General, que nuestro organismo ha solicitado un derecho de
palabra ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el día
Treinta (30) de Noviembre del año que discurre, a los fines de que habiendo
recibido la República Bolivariana de Venezuela observaciones de la Comisión de
Derechos Humanos por el Examen (sic)
Periódico Universal (EPU) explique ante
la Comunidad Internacional, como con la Aquiescencia del Estado, hasta la
presente fecha no ha sido imputado el ciudadano de marras HUGO RAFAEL CHÁVEZ
FRÍAS, por los delitos especificados supra, que a nuestro parecer son de suma
gravedad, y ante tal arbitrariedad de Justicia, quede en Evidencia de que en la
República Bolivariana de Venezuela podría existir erga omnes una JUSTICIA SIN
LEY, y así pediremos quede registrado en la Comisión de las Naciones Unidas,
frente al Agente de Estado de Venezuela, y ante la Comunicación Internacional
en el mes de marzo, en la fecha en que el Estado debe dar respuesta a las
observaciones a las cuales el mismo solicitó su diferimiento (…)
En este
sentido, el peticionario, procede en primer lugar, a efectuar una serie de
afirmaciones sobre la denominación de Defensor Integral de Derechos Humanos que
invoca y luego hace una serie de consideraciones personales sobre las
actividades que realiza, afirmando que “No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, y tampoco
apoya ni se opone a las opiniones de las victimas cuyos derechos se esfuerza en
proteger”.
En lo que atañe al pedimento de su denuncia, luego
de referirse al proceso que por rebelión militar le fue seguido, al entonces,
Teniente Coronel HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS /Ej) en condición de militar activo, indica que
está incurso entre otros hechos punibles, en la “presunta comisión de los
delitos de Homicidio Calificado en grado de Autor Intelectual o determinador”, además señala como calificante de dicho delito que
fue cometido por motivos Fútiles e Innobles y añade “…los agravantes establecidos
en el artículo 77 del Código Penal en los cardinales 1° (Alevosía), 6° (Astucia,
Fraude o Disfraz), 7° (Emplear medios o hacer concurrir
circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del delito), 8°(Abusar de la superioridad del sexo, de la fuerza, de las armas de la autoridad o emplear cualquier otro medio que
debilite la defensa del ofendido), 9° (Obrar con abuso de confianza, 11° (Ejecutarlo con armas o en unión de otras personas que aseguren o
proporcionen impunidad), 12° (Ejecutarlo en despoblado o de noche. Esta circunstancia la estimarán los Tribunales atendiendo a las del
delincuente y a los efectos del delito), 13° (Ejecutarlo en desprecio o en ofensa de
la autoridad pública o donde ésta se halle ejerciendo sus funciones), y 16° (Ejecutarlo con
rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura, entendiéndose por ésta
toda fuerza, rotura, descomposición, demolición, derribo o amujeramiento (sic) de paredes terrenos o pavimentos, puertas, ventanas, cerraduras…”
Conforme expresa el peticionario, el actual Presidente, a su criterio
habría participado en el delito de Homicidio Calificado como Determinador o
“autor intelectual” y en tal sentido menciona a varios ciudadanos manifestando
al respecto, que estos fallecieron en distintos sucesos que relaciona con los
acontecimientos del 4 de febrero de 1992 y en virtud de los cuales el Teniente
Coronel HUGO CHÁVEZ FRÍAS, siendo militar activo, fue enjuiciado por el delito
de rebelión militar.
En este orden de ideas, se observa que el denunciante hace señalamientos
aislados e imprecisos sobre la presunta muerte de las personas que menciona,
entre ellas, el fallecimiento de Hugo Orlando Villarte Mejías, quien a su
decir murió a balazos por francotiradores en la parroquia “23 de enero”, sin
embargo, omite aportar alguna circunstancia sobre modo tiempo y lugar como fue
ocasionada esa muerte. No obstante, considera al Alto Funcionario denunciado,
como determinador de dicho fallecimiento, así como de otras personas y efectivos
militares sin precisar en su narración una conducta que implique la actuación
psíquica por éste desplegada y destinada a
mover la voluntad de otra persona para causar
esas muertes en concreto, específicamente de los ciudadanos Noelia Lorenzo Parada, Echarta Gaiska, Migdalia
Antonia Delgado de Marquina, Hugo Orlando Villarte Mejías y José Enrique Ordaz, quienes conforme los escasos datos señalados por el
denunciante fallecieron en distintos hechos, así como la muerte de los
funcionarios policialesGerson Gregorio Castañeda, Edicto Rafael Cermeño
Joves, Jesús Aponte Reina, José Aldana, Franklin Alexis Vega, Wilmer Díaz y el fallecimiento de quienes menciona como
Efectivos Militares: Deivis Peña
Juárez, Cabo Segundo
de la Guardia Nacional, Elio José Gamboa, Cabo Segundo, Guardia de Honor, Miguel Escalona Arriechi, Guardia de Honor, Jesús Alberto González, Guardia de Honor, Julio Peña Labrador, Guardia de Honor, Jesús Santiago, Capitán (Ej), Fernando
Cabrera, Subteniente (Ej), Pablo Linares, Sargento Técnico (Arv), Celso González, AT de la Aviación, José Salas Ramírez, Distinguido (Ej), José Ramón Noguera, Soldado (Ej), José Nieves, Soldado (Ej), Jesús G.
Rodríguez, Distinguido (Ej), Luis García, Distinguido del (Ej), Guerras Montes de Oca, soldado (Ej), Hernández
Herrera, soldado (AV), César Castillo, soldado (Ej), Wilmer Molina, Soldado (Ej).
Al respecto, del análisis del escrito interpuesto
por el ciudadano ISRAEL ÁLVAREZ DE ARMAS, evidenciamos que efectúa una serie de afirmaciones
genéricas e imprecisas en contra del actual Presidente Constitucional de la
República Bolivariana de Venezuela, ciudadano HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, limitándose a
mencionar los sucesos ocurridos con anterioridad a su mandato presidencial,
específicamente en los días 3 y 4 de febrero de 1992, expresando que para la
fecha, bajo su mando, un grupo de Oficiales, Sub Oficiales y Personal de tropa
de la Fuerza Armada “…hicieron todo lo necesario para la perpetración por la
vía de la fuerza y con saldo de muertes, deponer al gobierno
Constitucionalmente electo por el sufragio popular, presidido por el ciudadano
CARLOS ANDRÉS PÉREZ RODRÍGUEZ…”
En este orden de ideas, observa el Ministerio
Público, que en primer lugar, al Máximo representante del Ejecutivo Nacional,
se le atribuye la presunta participación del delito de Homicidio Calificado en
grado de “Instigador o determinador (sic)”, siendo necesario realizar un
análisis de la normativa sobre la concurrencia de varias personas en un mismo
hecho punible, prevista en el artículo 83, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 83. Cuando varias personas concurren a la ejecución de
un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores
inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la
misma pena incurre el que ha determinado a otra a cometer el hecho.”.
Sobre éste punto, es importante destacar que el agente
determinador o correo oral, erróneamente denominado por algunos “autor
intelectual” es aquél que impulsa de una manera concreta al perpetrador del
delito a cometerlo, es decir, coloca en la mente de otra persona la resolución
cierta de ejecutar el hecho criminalmente reprochable.
La doctrina ha abordado este tema tal y como señala el catedrático español
Santiago Mir Puig³ el inductor debe causar la resolución criminal en otra
persona y en este sentido, citando la legislación penal y jurisprudencia
española, que la inducción debe ser directa y como consecuencia, es necesario
que la inducción determine a realizar un delito concreto y a un ejecutor
determinado ; por tanto, no basta una mera provocación a delinquir en general o
dirigida a una masa indeterminada de personas, sino una acción directa y
concreta que lleve al autor a cometer el delito.
En este sentido, como destaca Luis Jiménez de Asúa se requiere que la actividad
del instigador sea eficaz, es decir, que la acción del inductor realmente
consiga que otro se convierta en autor del hecho al mover su voluntad.
Igualmente la jurisprudencia patria ha analizado esta figura y sobre ello, la
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 22 de
mayo de 2008 con ponencia del Magistrado Dr. Héctor Manuel Coronado Flores, ha
establecido que:
“…La conducta de los acusados FREDDY JAMAICO ZAPATA
BOLÍVAR Y Jackson José guerra, no encuadra dentro de la figura de la
determinación, por el sólo hecho que éstos le gritaran a su compañero que
disparara contra la víctima. La determinación, como ya se expresó, debe ser de tal entidad que haga
surgir en la otra persona la decisión de cometer el delito y, en caso analizado, tanto el acusado MAICKOL
GREGORIO ZAPATA BOLÍVAR como sus dos
acompañantes FREDDY JAMAICO ZAPATA BOLÍVAR y JACKSON JOSÉ GUERRA, acudieron al lugar con la resolución de dar muerte
al ciudadano ANDERSON
EMILIO CAMARGO VALDERRAMA…”
Conforme lo destaca nuestra jurisprudencia, además de requerirse que la
determinación sea eficaz, de los hechos narrados en el fallo, se desprende que
es necesario que la acción o actividad del instigador se dirija efectivamente
hacia el hecho en concreto, así en el caso en comentario, a causarle la muerte
a una persona en específico.
Sobre ello del escrito de denuncia se advierte que este no contiene la
narración de un hecho que permita inferir que el entonces Teniente Coronel (Ej)
activo, HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, hubiese determinado a una persona en específico, a
que le causara la muerte a otro ciudadano en concreto, es decir, no hay ningún
señalamiento que haga presumir que el denunciado quiso causar la resolución
criminal en cada autor de los homicidios y que además quiso que efectivamente
cada autor en concreto realizara efectivamente el hecho (doble dolo).
Así las cosas, no se ha señalado la ocurrencia de una conducta que hubiese sido
desplegada por el denunciado y que revista carácter penal, pues en efecto de
haber ocurrido, las muertes violentas señaladas en las denuncias, estas
ameritaron en su oportunidad el inicio de un proceso penal bajo el imperio del
derogado Código de Enjuiciamiento Criminal. Ahora bien, asunto distinto es que
se tenga elementos de convicción que hagan presumir que determinada persona
(inductor) determinó a otra en concreto para que le causara la muerte a otro
ser humano en especifico, en consecuencia, al no haberse denunciado una
conducta que constituya una acción directa y eficaz dirigida a que se cometa un
delito en concreto (en el caso que nos ocupa, cada una de las muertes), mal
podría seguirse una investigación contra persona alguna como determinador o
correo moral.
Infiere el denunciante que el ciudadano HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, Presidente
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, estaría incurso en la
“presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado en grado de Autor
Intelectual o (sic) Determinador”, por cuanto considera que es responsable
de haber ordenado controlar el poder por medio de las armas “y como
consecuencia de ello fueron asesinadas personas civiles, funcionarios
policiales y efectivos militares…” añadiendo el peticionario que dichas
personas fallecieron en distintos sucesos que relaciona con los acontecimientos
acaecidos en la mencionada fecha, los cuales constituyen un hecho notorio
comunicacional y por los que el entonces Teniente Coronel (Ej) HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, fue enjuiciado por el delito de Rebelión Militar,
siéndole ordenado el sobreseimiento de la causa por el Presidente de la
República para la fecha doctor Rafael Caldera, con fundamento a lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 54, del Código de Justicia Militar, vigente para esa fecha.
Manifiesta como único fundamento a sus
afirmaciones, que ello se desprende de la declaración emitida ente los medios
de comunicación el día 04 de febrero de 1992 por el Teniente Coronel HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS. En este sentido, indicó que el ahora Presidente de
la República Bolivariana de Venezuela, “confeso” en aquella oportunidad de manera libre y sin ningún
tipo de coacción o apremio ser el “presunto responsable” de los delitos que
fueron señalados en dicha denuncia.
Al respecto, debe advertirse que las palabras emitidas ante los medios de
comunicación social y las cuales fueron plasmadas en el escrito de denuncia, no
contienen mención alguna al reconocimiento y desarrollo de la conducta
delictual que ahora le endilga el denunciante, y que lo expresado fue lo
siguiente:
“…Oigan al comandante Chávez, quien les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas porque ya, en verdad, los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que
los logremos Compañeros: Oigan este
mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su
desprendimiento, y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la
responsabilidad de este movimiento militar bolivariano….”
En efecto, en la exposición anterior se aprecia que se hace un llamado a
deponer las armas asumiendo su participación en el movimiento militar, ahora
bien, en lo manifestado no hace alusión alguna a que haya inducido de manera
directa y eficaz a otros sujetos a darle muerte en concreto a los ciudadanos
que se mencionan en la denuncia que hoy es objeto de análisis.
Petitorio
Toda vez que los hechos atribuidos en la denuncia,
no revisten carácter delictual resulta inoficioso acordar el inicio de la
correspondiente investigación penal, en consecuencia, se solicita, sea acordada
laDesestimación de la denuncia presentada
ante esta Institución formulada en contra del ciudadano HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRÍAS, actual Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela todo de conformidad con lo previsto en el artículo 301 del Código
Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, se solicita de esa Sala del Máximo Tribunal, en caso de
acordar la presente solicitud, proceda a devolver las actuaciones al Ministerio
Público, de conformidad con lo pautado en el artículo 302 del Código Orgánico
Procesal Penal…”
DECISIÓN
Por todas estas consideraciones, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de
Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. Que es COMPETENTE, para conocer la presente solicitud de desestimación de denuncia
presentada por la ciudadana LUISA ORTEGA DÍAZ, actuando en su carácter de
Fiscala General de la República Bolivariana de Venezuela.
2. CON LUGAR, la presente solicitud de
desestimación presentada por la Fiscalía General de la República de la denuncia
interpuesta por el ciudadano ISRAEL ÁLVAREZ DE ARMAS, Presidente del “Comité
Internacional sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos
de genocidio y de Lesa Humanidad”.
3. ORDENA, la devolución de las
actuaciones al Ministerio Público, a los fines de su archivo definitivo, de
conformidad con lo previsto en el artículo 302 del Código Orgánico Procesal
Penal y el artículo 114 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
4. ORDENA, notificar y remitir copia certificada del presente
fallo al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano HUGO RAFAEL CHÁVEZ FRIAS, a los fines de que conozca el contenido de la
sentencia y de considerarlo así, ejerza las acciones legales correspondientes.
Dada, firmada y sellada en el salón de Despacho de
la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a
los once ( 11 ) días del mes de
julio de dos mil doce (2012). Años: 202° de la Independencia y 153° de la
Federación.
VOTO SALVADO
Yo, Blanca Rosa
Mármol de León, Magistrada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia,
salvo el voto en la decisión aprobada por la mayoría de esta Sala Plena, que
declaró Con Lugar la Desestimación de la Denuncia solicitada por la ciudadana
Luisa Ortega Díaz en su carácter de Fiscal General de la República, por las
siguientes razones de ley:
En el presente caso, la denuncia planteada por el
ciudadano Israel Álvarez De Armas, se encuentra suficientemente fundamentada en
los hechos acontecidos en nuestro país en febrero de 1992, donde es sabido
ocurrieron cientos de muertes, por lo que corresponde al Ministerio Público
cumplir con su deber jurídico de iniciar la investigación sobre tales hechos,
del resultado de esa investigación establecer la probable participación o no
del funcionario público, y en caso de que resulte que sí existen indicios sobre
su participación en los hechos, debe ser solicitado el antejuicio de mérito
para el correspondiente juicio.
En tal sentido, el Ministerio Público, como órgano
independiente de las restantes instituciones públicas, tiene el deber jurídico
de iniciar la investigación de todo hecho denunciado que cumpla con
los requisitos mínimos de ley, con más razón cuando se trate de hechos donde
existe presunción grave de delitos de lesa humanidad y otras violaciones graves
a los derechos humanos.
Es de acotar que
la investigación debe ser realizada y después de ella es que el representante
Fiscal debe presentar la Desestimación de la denuncia, en caso de que no se
obtengan elementos; pero si la investigación arrojó los indicios suficientes
sobre el hecho y la autoría o participación para estimar un posible juicio,
deberá entonces solicitar el antejuicio de mérito del alto funcionario en ellos
involucrado, de tal manera que se trata de que el Ministerio Público cumpla con
las etapas previas al juicio, y esas etapas no son un juicio que condene o
absuelva, es el cumplimiento de los trámites procedimentales que el estado a
través de sus órganos debe cumplir, con mayor razón en casos donde se presume
la violación de derechos humanos, tal como lo ordena nuestra Carta Magna actual
y los Tratados sobre Derechos Humanos suscritos por la República.
Al respecto, la extinta Corte
Suprema de Justicia en Pleno, en decisión de fecha 25 de junio de 1992,
sobre la etapa previa que constituye la investigación de los altos
funcionarios, estableció lo siguiente:
“…El antejuicio de mérito es un instituto
consagrado por la Ley Fundamental de la República en relación con los altos
funcionarios que la misma señala en los ordinales 1ª y 2ª del artículo 215....
(omissis)
a) El ante-juicio no constituye sino
una etapa previa al posible enjuiciamiento de
aquellos funcionarios respecto a los cuales la Ley Fundamental de la República
lo consagra como una forma de resguardar el cumplimiento de sus funciones, ya
que dicho procedimiento tiene por objeto evitar a los mismos el entorpecimiento
producido por la apertura de causas penales posiblemente temerarias o
infundadas. En el ante-juicio no se dicta propiamente una
sentencia de condena, sino que sólo se
tiene como fin, eliminar un obstáculo procesal para que un ciudadano comparezca
a juicio, donde tendrá la oportunidad para acreditar su inocencia.
b) El
ante-juicio de mérito no debe implicar, en modo alguno, la búsqueda de la
comprobación plena del cuerpo del delito ni de la culpabilidad del funcionario
en relación con el cual opera dicho procedimiento especial, como si se tratase
de un juicio propiamente dicho. Sólo
se trata de constatar si los hechos imputados son punibles y si ciertamente la
acusación está seriamente fundada como para formar causa. Por consiguiente, no
se debe adelantar opinión sobre el fondo del asunto, pues de lo que se trata es
de examinar los recaudos y deducir una precalificación de los hechos.
c) El
ante-juicio de mérito tiene por objeto el análisis y estudio previos de las
actas procesales, con el fin de establecer si de la reconstrucción de los
hechos que de ella deriva, emergen presunciones vehementes de la comisión de un
hecho punible y de que en la perpetración del mismo se encuentra comprometida
la responsabilidad del funcionario.
En síntesis, se trata de establecer – como lo
señala la decisión de este Supremo Tribunal fecha 1950 (G.O. Nº 6, p. 23)
– si existe “mérito suficiente” para que sea sometido a
juicio el funcionario acusado. Para lograr este objetivo debe observarse si se
configura o no el hecho punible que se le imputa y si existen fundados indicios
de haber participado en la realización del mismo...” (Destacado
de la cita)
Así mismo, en sentencia de
esta Sala Plena de fecha 30 de mayo de 2000, quedó establecido sobre al
antejuicio de mérito lo siguiente:
“... De conformidad con la disposición prevista en
el artículo 377 del Código Orgánico Procesal Penal, el antejuicio de mérito es
un procedimiento penal especial que, instaurado en virtud de la querella del
Fiscal General de la República y conducido por el principio del contradictorio,
tiene por objeto declarar la certeza de si hay o no mérito para el enjuiciamiento
de los altos funcionarios del Estado a los que se refiere el ordenamiento
constitucional de la República; que la disciplina normativa acerca del
antejuicio de mérito debe ser interpretada a la luz del nuevo orden
constitucional; que la
querella fiscal debe fundarse en prueba suficiente, motivo por el cual su
instauración debe ser precedida por una actividad de investigación,conducida
por el Ministerio Público, durante cuyo desarrollo debe respetarse íntegramente al imputado su
derecho constitucional a la defensa, a tenor de la disposición prevista en el
artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en la forma y condiciones previstas en los artículos 313 y
siguientes del Código Orgánico Procesal Penal; y que el juicio sobre la prueba
debe constituir el fundamento principal de la determinación acerca de si hay o
no mérito, es decir, acerca de si hay o no lugar al enjuiciamiento.” (Destacado de la magistrada que disiente).
En
tal virtud considero que por cuanto en el presente caso, no se instauró la
previa actividad de investigación por parte de la Fiscalía General de la
República, la Sala debió declarar Sin Lugar la Desestimación de la Denuncia,
correspondiendo al Ministerio Público ejercer su deber de investigar los hechos
por los delitos presuntamente cometidos en febrero de 1992, a los fines de
sostener después de la investigación si existen o no elementos para el posible
enjuiciamiento del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la
República, de conformidad con lo establecido en los artículos 137 y 285
Constitucional que señalan las atribuciones y deberes del Ministerio Público.
Queda en estos
términos salvado mi voto en la anterior decisión. Fecha ut supra.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA
MORALES LAMUÑO
El Primer
Vicepresidente, Segunda
Vicepresidenta,
OMAR ALFREDO MORA
DÍAZ
JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO
Las Directoras,
EVELYN MARRERO
ORTIZ
YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
NINOSKA BEATRIZ QUEIPO BRICEÑO
Los Magistrados,
FRANCISCO
CARRASQUERO
LÓPEZ
YOLANDA JAIMES GUERRERO
MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ
ISBELIA
PÉREZ VELÁSQUEZ
DEYANIRA NIEVES
BASTIDAS
LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
ANTONIO RAMÍREZ
JIMÉNEZ
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
JUAN RAFAEL
PERDOMO
ALFONSO VALBUENA CORDERO
BLANCA ROSA MÁRMOL
DE LEÓN EMIRO
GARCÍA ROSAS
(Disidente)
FERNANDO R. VEGAS
TORREALBA
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
LUIS ANTONIO ORTIZ
HERNÁNDEZ
HÉCTOR CORONADO FLORES
CARMEN ELVIGIA
PORRAS DE ROA
MARCOS
TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE
MERCHÁN
ARCADIO DELGADO ROSALES
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO
TRINA OMAIRA ZURITA
OSCAR JESÚS LEÓN
UZCÁTEGUI
MÓNICA G. MISTICCHIO
TORTORELLA
PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA
La Secretaria,
OLGA M. DOS
SANTOS P.
BRMdL/ejc
VS Exp N° 11-433
(OAMD)
