Señora
FISCAL
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Presente.-
Me
dirijo a usted en la oportunidad de ampliar la denuncia por uno de los delitos
de Lesa Humanidad (Tortura) en el cual aparece denunciado por ante esa Oficina
el ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS.
Se
denuncia a los ciudadanos:
NICOLÁS
MADURO MOROS
GABRIELA
DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
CARLOS
ALBERTO ROTONDARO COVA
MARIA
IGNACIA ARRIAGA DE MARQUEZ
Los
Hechos:
La Directora de
Oncología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), MARÍA
IGNACIA ARRIAGA GUTIÉRREZ DE MÁRQUEZ,
titular de la cédula de identidad N° 5.969.748, le ofició a la Jefa de
Fármaco-Terapéutica del Hospital Universitario Ángel Larralde en Carabobo, en
los siguientes términos:
“…En relación al N° 000921, de fecha 05 de abril de 2013 mediante el
cual somete para su evaluación y pronunciamiento la entrega del medicamento: Bevacizumab, para el paciente Álvarez Jiménez Ricardo Andrés
(Menor), quien presenta IDX: Rabdomiosarcoma Alveolar Bazo (sic) Derecho
Metastasico, se decide: Se niega, no
tiene aprobación para esa patología. Atentamente, DRA. MARÍA IGNACIA ARRIAGA Directora de Oncología…”
Este hecho por
su repercusión en el estado anímico tanto de los padres como los del paciente
debe ser considerado como un delito de Tortura no solamente Psíquica, sino
material, el cual por tratarse de una persona vulnerable ya que su diagnostico:
RABDOMIOSARCOMA ALVEOLAR, se trata de una enfermedad neoplásica o en otro
término, Cáncer Muscular.
Debido a esta
negativa se tuvo que librar un litigio de orden administrativo contra el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el cual dio como resultado final
una decisión de la entrega de manera forzosa del medicamento mediante Acta a
los progenitores del menor.
Por ello se hace
también solidariamente responsable al Presidente de ese Instituto CARLOS ALBERTO
ROTONDARO COVA, quien es venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad N°
6.157.070 y con domicilio en la calle Guaicaipuro, Quinta Norma, Urbanización
El Marqués, Municipio Sucre del Estado Miranda.
Se señala al
ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, por cuanto las designaciones de ambos
ciudadanos son realizadas bajo su aprobación y porque este hecho ha sido
denunciado ante la opinión pública y consta del mismo a través de hechos
públicos comunicacionales.
Y en cuanto a la
ciudadana GABRIELA DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ, en virtud de que su despacho la
Defensoría del Pueblo ha conocido de este hecho a través de hechos públicos
comunicacionales y no se avocó al conocimiento del mismo para que se defendiera
el derecho a la salud a la cual el adolescente tiene un derecho Universal.
Será Justicia.-
Israel Álvarez de
Armas
Defensor Integral
y Universal de los Derechos Humanos y Relator Especial del Comité Internacional
sobre Desapariciones Forzadas, Detenciones Arbitrarias y delitos de Genocidio y
de Lesa Humanidad, órgano no gubernamental que Informa al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y al Fiscal de la Corte Penal Internacional
(Resolución a/res/A/58/380 de 18 de septiembre de 2003)
